Para Pensar Agro Chile, proteger la salud pública y la confianza en el sistema alimentario requiere fortalecer la conducción institucional, mejorar la coordinación entre los organismos competentes y dotar a ACHIPIA de las capacidades necesarias para cumplir eficazmente su rol articulador.
La inocuidad alimentaria se construye a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria hasta el consumidor. Es una responsabilidad compartida entre el sector productivo, el Estado y la ciudadanía, pero esa corresponsabilidad no reemplaza la función del Gobierno de conducir, coordinar y fortalecer el sistema público encargado de su gestión.
Chile cuenta con una Política Nacional de Inocuidad y Calidad de los Alimentos y con la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), cuyo rol es articular a los organismos públicos con competencias en esta materia y contribuir al fortalecimiento de la evaluación y gestión de riesgos. El desafío es avanzar desde el diagnóstico hacia una implementación efectiva de esa institucionalidad.
Desde Pensar Agro Chile consideramos necesario que el Ministerio de Agricultura, a través de su Subsecretaría, fortalezca su liderazgo político e institucional en esta materia y entregue a ACHIPIA el respaldo y las capacidades necesarias para ejercer adecuadamente su función articuladora. Esto requiere una gobernanza interministerial efectiva, recursos, responsabilidades definidas y metas y plazos que permitan evaluar avances concretos.
El objetivo no es incorporar nuevas capas de burocracia, sino mejorar la coordinación, reducir duplicidades, cerrar vacíos y establecer responsabilidades claras antes de enfrentar una contingencia. Una gestión preventiva y basada en riesgos permite proteger la salud pública y, al mismo tiempo, contribuir a la continuidad productiva, el empleo y la confianza de los consumidores.
Para un país agroexportador como Chile, la inocuidad también tiene una dimensión estratégica. Un incidente puede afectar el acceso a mercados y una reputación construida durante décadas. Fortalecer la coordinación del Estado y las capacidades de ACHIPIA para cumplir su mandato es, por tanto, una decisión sanitaria, productiva e institucional necesaria para el país.